En el ámbito jurídico y financiero español, es común que se confundan los conceptos de concurso de acreedores y Ley de Segunda Oportunidad. Aunque ambos procedimientos comparten el objetivo de ofrecer una salida a quienes no pueden hacer frente a sus deudas, su aplicación y alcance son diferentes. Conocer en qué se distinguen es fundamental para elegir el camino adecuado según cada situación.
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial diseñado principalmente para empresas o autónomos con actividad que atraviesan una situación de insolvencia. Su finalidad es reestructurar o liquidar la empresa, intentando primero alcanzar un acuerdo con los acreedores para reprogramar pagos, reducir deudas o vender activos. Si ese acuerdo no es posible, se procede a la liquidación del patrimonio para saldar las deudas pendientes. En este proceso, la prioridad es mantener la continuidad de la actividad empresarial, proteger a los trabajadores y maximizar el pago a los acreedores.
Por otro lado, la Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a personas físicas, ya sean particulares, autónomos o empresarios que han cesado su actividad. Esta ley permite cancelar total o parcialmente las deudas cuando el deudor actúa de buena fe y demuestra que no puede afrontarlas. Su objetivo no es mantener una empresa a flote, sino liberar a las personas del peso de las deudas para que puedan empezar de nuevo sin embargos ni presiones financieras. En muchos casos, el resultado es la exoneración total del pasivo, es decir, el perdón judicial de las deudas.
Otra diferencia clave es el resultado final de cada procedimiento. Mientras que el concurso de acreedores puede acabar en un acuerdo o en la liquidación de la empresa, la Ley de Segunda Oportunidad concluye con una resolución judicial que libera al deudor de sus obligaciones pendientes. En el concurso, el objetivo es reorganizar; en la segunda oportunidad, el propósito es recomenzar.
Ambos procesos son judiciales y requieren la intervención de un juez, pero el enfoque es distinto. El concurso busca proteger el tejido empresarial, mientras que la Ley de Segunda Oportunidad protege a las personas. Por eso, un empresario autónomo que haya cerrado su negocio puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad, mientras que una empresa activa deberá recurrir al concurso de acreedores.
En Reinicio Financiero, nuestro equipo de abogadas especializadas gestiona ambos procedimientos, eligiendo siempre el más adecuado según las circunstancias de cada cliente. Si aún mantienes una empresa y deseas reestructurarla, te orientamos con el concurso de acreedores. Si, en cambio, ya has cerrado tu actividad o eres un particular que no puede pagar sus préstamos o tarjetas, te ayudamos a acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad para que puedas empezar de nuevo sin deudas.
Ambos caminos tienen un mismo propósito: ofrecer una salida digna a las dificultades económicas. Lo importante es hacerlo de la mano de profesionales que conozcan en profundidad la ley y te acompañen en cada paso del proceso.
No creía que fuera posible empezar de nuevo, pero gracias a Reinicio Económico cancelé todas mis deudas de tarjetas. Hoy vivo tranquila, sin llamadas ni embargos.
